EN UN EXTRAORDINARIO LIBRO DE ARTURO ORTEGA BLAKE: “FRONTERA DE PEPEL,” de la editorial DE Bolsillo, leía algo dicho por el Sargento José Palyuc Puc: “EL ÁNIMO ES EL MAYOR ESTIMULANTE DE NUESTRO CORAZÓN. ES UNA ESPECIE DE ANTÍDOTO CONTRA LOS FRACASADOS Y CONTRA EL FRACASO” y si bien no tengo duda sobre lo dicho por el sargento, no tengo, tampoco, dudas sobre la forma de manipulación y de golpeteo que han generado los estrategas publicitarios del presidente Felipe Calderón, que más que parecer acciones democráticas nos demuestran que estamos viviendo una época represiva, fascista, como en los viejos tiempos de las dictaduras o como en los mejores momentos del Franquismo, que es de donde se inspiran los operadores políticos del presidente Calderón.
Así, cuando nota que la penetración y el convencimiento político de sus candidatos no prenden en la sociedad, cuando se demuestra que la sociedad no está convencida de sus acciones en los campos que ha generado solamente desconcierto y a obligado a la utilización de enormes presupuestos destinados a la represión y no a la seguridad, cuando vemos el crecimiento de las policías, de sus instituciones, de sus equipos, de sus compromisos nacionales e internacionales con las fuerzas más reaccionarias del mundo, lógicamente, pensamos que estamos entrando a una nueva etapa donde la pérdida absoluta de la soberanía está íntimamente ligada con la pérdida de las garantías constitucionales y, la violación sistemática de las leyes, con el fin de adecuar las acciones represivas del presidente y de su equipo de gobierno, a las mejores condiciones políticas que les garanticen el controlar las fuerzas políticas en el congreso.
Por esa razón, ni los mismos panistas lo aceptan, señalan que las movilizaciones represivas en contra de presidentes municipales y de funcionarios estatales del gobierno de Michoacán, digan lo que digan los funcionarios y los policías que ahora son los que manejan y manipulan la agenda política nacional y las estrategias de campaña política, la realidad es que más que darse un golpe en contra de las redes del crimen organizado se ha puesto una escena que no se podrá negar. Así, con esa agudeza que le caracteriza a Miguel Ángel Granados Chapa, en su columna Plaza Pública, del día domingo 31 de mayo, sostiene varias tesis que nos muestran la realidad de dicha manipulación: “Hay condiciones para que el notorio acontecimiento en que fueron detenidos 10 alcaldes y una veintena de funcionarios estatales y municipales –de tal rango que incluyen al Procurador de Justifica del Estado, que se presentó voluntariamente a la autoridad federal y fue ilegalmente retenido- corra por alguna de esas vías. Se sabe de antiguo que el permanente cultivo de mariguana y amapola en suelo michoacano ha sido posible por la protección policiaca. Se trata de una realidad tan pesada, tan densa, que no ha podido ser aminorada por el poderoso mecanismo de fuerzas federales desplegado en Michoacán desde diciembre del 2006.”
“Por lo tanto, es creíble que una diligente tarea de información hubiera reunido elementos bastantes para acotar ese fenómeno conocido en líneas generales, barruntado aún por la población, pero que ahora habría adquirido perfiles precisos, contornos exactos, suficientes para iniciar la acción penal que ponga fin al contubernio entre gobernantes y funcionarios por un lado, y la delincuencia organizada por otra parte.”
“Sin embargo, no parece haber por ahora la evidencia necesaria para dar por cierta la hipótesis de que los alcaldes de Apatzingán, Aquila, Arteaga, Buena Vista, Ciudad Hidalgo, Coahuayana, Tepalcatepec, Tumbiscatío, Uruapan y Zitácuaro, los jefes y comandantes policiales de tres de esos municipios, así como de Lázaro Cárdenas y Morelia, entre ellos la reciente ex Secretaria de Seguridad Pública del Estado, se han coludido con el crimen organizado. La Procuraduría General de la República no cuenta con esa evidencia al día de hoy. Por ello, los pasos dados hasta ahora son inciertos. Al menos podría ocurrir, como lo resumió el Arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, que no están todos los que son ni sean todos los que están.”
“LAS DETENCIONES SE PRACTICARON SIN FUERZA LEGAL SUFICIENTE. Los agentes de la Policía Federal (el boletín de la PGR la llama todavía Preventiva) y los miembros del Ejército portaban ÓRDENES DE LOCALIZACIÓN Y DE PRESENTACIÓN, QUE NO AUTORIZAN A DETENER A LOS INVOLUCRADOS. Como bien se sabe, sólo en dos circunstancias puede ser aprehendida una persona: en flagrancia, es decir mientras comete el ilícito, o mediante una orden judicial. Las órdenes de localización y presentación son ministeriales, no judiciales. Por lo tanto, desde el martes en que fueron privados de su libertad hasta ayer sábado, los detenidos padecían una especie de secuestro en los separaos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada de Delincuencia Organizada”.
“La PGR solicitó el jueves la participación judicial y el juez sexto federal penal especializado en cateos, arraigo e intervención de comunicaciones (una nueve especie de miembros de la judicatura), acaso actuando sobre la premisa de que un arraigo no se le niega a nadie, concedió a la Procuraduría su pedido: las 30 personas privadas de su libertad el martes quedarán hospedadas durante 40 días en el Centro Federal de Investigaciones, una SUERTE DE CÁRCEL ILEGAL, PORQUE NO ESTÁ SUJETA A LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL a pesar de que haya en ella prisioneros. Hacia las tres de la tarde del sábado, sin embargo, los defensores de los inculpados no habían recibido la notificación correspondiente”.
“FUE TAMBIÉN IRREGULAR, POR NO LLAMARLA ILEGAL Y PELIGROSA, LA INTRUSIÓN DE LA FUERZA FEDERA, CUYOS MIEMBROS IBAN ENCAPUCHADOS, EN EL PALACIO DE GOBIERNO, PARA DETENER A Citlalli Fernández González. Su irrupción en el edificio donde despacha el Gobernador pudo haber provocado un enfrentamiento con la guardia policiaca del establecimiento. Preocupa a este respecto, y no abona la credibilidad de la operación en su conjunto, que el Procurador Eduardo Medina Mora niegue esa invasión. Con todas sus letras, como si ignorara la cantidad de testimonios de los empleados de las oficinas federales y aun grabaciones de las cámaras de seguridad, dijo el viernes pasado que “es falso que los efectivos federales hayan irrumpido en el Palacio de Gobierno y es preciso aclarar que no fueron actos de cateo sino órdenes de localización, por lo que la PGR, actuó bajo la acción constitucional y legal (sic) y no se violentó el estado de derecho”.
“NO ES LEGAL Y MUCHO MENOS CONSTITUCIONAL lo acontecido a Miguel García Hurtado, que se despojó de su condición de Procurador y se presentó ante el Ministerio Público Federal por lo que pudiera ofrecerse, y se le detuvo, y se le esposó. Cualquier estudiante de derecho, y toda persona que atribuya a las palabras su significado, sabe que una cosa es localizar y otra aprehender”… por medio de las declaraciones de un “testigo protegido” que no es otra cosa que un delincuente al que se le garantiza la impunidad y el mejor trato, siempre y cuando incrimine a otros delincuentes o no, en sus declaraciones y por una simple hoja donde se dan nombres y cantidades, se ha montado todo este escándalo que no tiene como objetivo golpear a la delincuencia organizada, sino a los partidos políticos, a un gobierno de un estado, a los políticos y, sobre todo, a que se pueda utilizar el escándalo y la publicidad a favor de los candidatos del gobierno, de los candidatos del PAN; están utilizando los mismos recursos y métodos de los priístas en sus peores momentos y eso que estamos, supuestamente, en un “gobierno de cambio”, donde el cambio es la reversa. Utilizar la manipulación de las leyes y la justicia para favorecer al grupo del poder político, es un acto criminal, dictatorial y represivo. Esto es lo que vivimos: una nueva dictadura de derecha…
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