Con la liberación y acto de justicia realizado a favor
del General de División D.E.M Tomás Ángeles Dauahare, los encargados de aplicar
la justicia en el país, los jueces que no se prestaron a la manipulación y la
consigna, el Procurador que tiene una visión de que su función es la de llevar
a la cárcel a los delincuentes, pero también, poner en libertad a los
inocentes; la nueva forma de entender la política y la justicia de parte de
Enrique Peña Nieto y la postura honorable, digna y patriótica del General
Secretario de la Defensa Nacional, ponen de manifiesto el uso brutal y
deformado que se ha hecho con la manipulación de la ley para ser utilizada en
las venganzas políticas y esto, es vital en los momentos actuales porque se
tiene que observar que, cuando un presidente se deja manipular por sus subordinados
y éstos, en el afán de complacerle o de ocultar sus propias venganzas
personales torciendo los caminos de la ley, las consecuencias son brutales y,
al tiempo, que es la madre de la verdad, se conocen las intenciones y la
violación a todos los derechos y garantías individuales operados en contra de
inocentes a los que se les consideraba
como elementos peligrosos, no domesticados y entregados a las mal sanas políticas
aplicadas con intenciones brutales y, para proteger intereses comerciales y políticos
de los actores que se ocultaban en una supuesta lucha o guerra contra la
delincuencia organizada, utilizando para ello a los “testigos colaboradores o
testigos protegidos” que no son más que delincuentes que se manipulan a modo y
se utilizan para torcer los caminos de la ley, o bien, con esa figura que habla
de que cualquier ciudadano puede hacer una “denuncia anónima” y, en la realidad,
son los mismos delincuentes o los policías encargados de la represión política,
de hacerlas con el fin de ejercer presión brutal en contra de las familias o
los perseguidos políticos que no se han plegado a los caprichos e intereses de
un grupo mafioso en el poder.
Y esto
que hoy se observa con horror y terror en todo el país, también se hace en los
estados y municipios, unas ocasiones operadas desde el poder de los
gobernadores utilizando diferentes mecanismos estatales o federales, para
eliminar a sus “enemigos políticos” o a cualquier ciudadanos que se atreva a
denunciar sus ineficiencias, transas, negocios o corruptelas que hacen al lado
de sus amigos, socios, cómplices y compadres, para robar o desviar los fondos
públicos a sus cuentas bancarias o para entregar los contratos de obras o robar
los recursos en forma descarada y cínica.
Así, unos,
para confundir a la opinión publica y engañarla, fabrican culpables, para
distraer la atención o enviar un mensaje represor para cualquier otro ciudadano
que no se encuentra de acuerdo con sus fechorías y corruptelas , otros,
fabrican escándalos políticos y ellos mismos con sus operados, hacen las
filtraciones de fichas, información, grabaciones o videos donde se muestran a sus
subordinados, enemigos o cómplices políticos en determinadas acciones ilegales
o políticamente inaceptables con el fin de eliminarles y tener el pretexto
ideal para hacer los cambios y romper los compromisos políticos con las fuerzas
que le sostienen en el poder e imponer, sin conflictos ni problemas, a sus nuevos
socios, cómplices, amigos y compadres para que, juntos, puedan operar la
imposición política o la desviación y robo de los recursos públicos… si no, al
tiempo que, finalmente, es la madre de la verdad...
CURIOSAMENTE,
en este extraño juego de la política, las intrigas siempre están relacionadas
con el poder, con los negocios o con las complicidades y corruptelas. Hace algunos
días explicaba en una reunión con jóvenes la idea de la justicia y recordaba
aquella anécdota donde un grupo de diputados llegó escandalizado ante el presidente
Ruíz Cortines, señalando: “Señor Presidente, es un escándalo, en México, se
vende la justicia”. El viejo político que tenía fama de agudo y de alegre les
contestó: “No señores diputados, ustedes están equivocados. En México lo que se
vende es la injusticia. La justicia no se vende ni se puede comprar”. Y desde
ese ángulo y punto de vista así era la cuestión, lo que sucedía es que con tal declaración
venida del “jefe máximo”, del mero mero, del chipocludo en este país de
sumisión y de perversidad, todo está en función a los caprichos y las
instrucciones que brinde el ejecutivo y, cuando los informes que reciben son
tendenciosos, mentirosos, engañosos, manipulados, pues es lógico que, con esa
información que se supone debe servir para tomar decisiones, la toma mal y, los
resultados, ahí los tenemos.
Seguramente
algunos funcionarios encargados del tema entendieron mal o interpretaron mal lo
que el presidente Calderón mostraba cuando el General Ángeles hacia, en una
reunión con Enrique Peña Nieto, señalamientos críticos en contra de lo que era
la famosa “guerra contra el narcotráfico” y declaraba un alto mando del ejército
que estaba en el retiro que no existía una política seria en este campo y que
todo se hacía de mala intención o bien, protegiendo los intereses de los
norteamericanos o protegiendo las relaciones no santas entre los funcionarios y
los grupos de delincuentes que operaban bajo la protección y la impunidad de
muchos funcionarios, policías y políticos del calderonismo.
Para algunos
políticos la violación a la soberanía nacional y a las leyes del país operadas
por los espías norteamericanos y que se protegió con el apoyo de políticos y funcionarios
mexicanos en la agresión del programa Rápido y Furioso y Receptor Abierto, no
es significativa, alegando que dos mil armas no son suficientes para asesinar a
los miles de mexicanos asesinados y esto es lo que se ha generado en este
escándalo investigado en los Estados Unidos y, donde, señalan que, solamente
fueron dos mil armas, pero en realidad nadie sabe lo que sucedió y la cantidad
de armas que se distribuyeron en forma gratuita a policías, delincuentes o se
vendieron y traficaron, por esa razón, en Estados Unidos, se investiga y, en
México, por esa complicidad operada por políticos, policías y funcionarios, nadie
ha iniciado las indagatorias del caso, y así como se ningunea esta denuncia,
así se ningunea la trascendencia de la violación de derechos y garantías
constitucionales al torcer la ley para operar venganzas políticas, tal como se
hizo por policías, funcionarios y políticos en el caso del General Tomás
Ángeles Dauahuare y de ahí, la importancia de regresar al cumplimiento de la
ley ordenada por el presidente Peña Nieto y operada por Jesús Murillo Karam,
bajo el criterio de que, la PGR, está para detener y consignar a delincuentes,
pero también, para liberar a los inocentes… es un gran paso para la
reconciliación y la confianza. Ojala se consigne a los que torcieron la ley y
se elimine a los delincuentes con protección…
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